El déficit público corresponde a un saldo anual negativo en el presupuesto de las administraciones públicas. Los gastos son entonces mayores que los recursos. Por el contrario, si los recursos fueran superiores al gasto, hablaríamos de superávit público.
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El déficit público, un presupuesto público
Los recursos están integrados por impuestos, derechos y otros ingresos no fiscales (en particular, rentas de la propiedad y rentas de la actividad industrial y comercial del Estado). Los gastos incluyen no solo los gastos operativos corrientes (salarios, compras de suministros y servicios, etc.) y operaciones de redistribución, sino también inversiones y gastos de capital (inversiones y transferencias de capital).
No debemos confundir “déficit” y “deuda”. Un déficit se refiere a un año, mientras que una deuda es una acumulación de déficits durante varios años
Déficit público: criterios europeos
Según el Pacto de Estabilidad y Crecimiento adoptado en 1997 por los Jefes de Estado y de Gobierno europeos, el déficit no debe superar el 3% del PIB para todas las administraciones públicas. Esta norma, sin embargo, es flexible en función de situaciones específicas de cada país.
Déficit público: problemas y debates
Criterios del Tratado de Maastricht y Pacto de Estabilidad
El Tratado de Maastricht estableció en 1992 criterios estrictos de disciplina presupuestaria para los estados signatarios, como condición para su entrada en la zona euro. Los déficits de las administraciones públicas debían estar por debajo del umbral del 3% del PIB y la deuda pública por debajo del 60% del PIB.
El límite del 3% se ha confirmado como norma central para la coordinación de las políticas económicas de la Unión en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997. El objetivo es evitar que tal o cual país utilice su membresía. al euro para dejar escapar sus déficits fiscales sin pagar el precio, penalizando así a toda la zona.
En segundo lugar, ante un shock económico, la principal palanca para salir de la crisis radica en la capacidad de cada Estado para llevar a cabo una política presupuestaria activa (ya que no existe un presupuesto europeo sustancial y la mano del trabajo es débilmente móvil entre países). Para ello, el déficit debe reducirse o cancelarse durante los períodos de crecimiento. En principio, el límite del 3% solo puede superarse en caso de una recesión excepcionalmente grave.
Las reglas de disciplina presupuestaria
De manera más general, las reglas de disciplina presupuestaria a menudo se justifican por dos argumentos:
- en caso de déficit excesivo; Las administraciones públicas captan el ahorro en detrimento de la financiación de las empresas privadas (lo que se conoce como “efecto crowdingout”).
- si los hogares consideran que los déficits provocan aumentos fiscales futuros; bajo este supuesto, reaccionan reduciendo su consumo para acumular ahorros precautorios que penalizan el crecimiento.
El hecho es que el Pacto de Estabilidad es difícil de aplicar e insuficiente para promover el crecimiento económico en la zona euro. En particular, no logró prevenir la crisis de la deuda pública en 2010-2012.
Las políticas presupuestarias nacionales aplicadas en respuesta al alto riesgo de crisis de 2008 volaron déficits mucho más allá de la regla del 3%. Además, muchos economistas, a menudo de inspiración keynesiana, critican estos umbrales de déficit y deuda porque impiden que los Estados lleven a cabo políticas presupuestarias activas.
Los efectos de la crisis en las finanzas públicas
Ante la crisis financiera y bancaria y el colapso del gasto privado en el cuarto trimestre de 2008, los gobiernos implementaron ayudas públicas masivas a los bancos y políticas fiscales para apoyar la actividad económica. El resultado fue una explosión de los déficits fiscales, que en muchos países alcanzaron niveles récord.
Déficit público: situación actual
Sin embargo, desde 2015-2016, la situación ha mejorado en la mayoría de los países europeos más afectados por la crisis entre 2008 y 2013 (con la excepción de Grecia, que sigue en una situación muy delicada).
El ejemplo emblemático es el de Suecia, cuyo gasto público total pasó del 62% del PIB en 1995 al 48% en 2018. Manteniendo al mismo tiempo sistemas de protección social eficaces.
